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| Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes. |
El pasado 7 de marzo, la Gerencia de Construcción de Puentes y Vías del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) contra el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Pedro Castro, quien también es el presidente del Consejo de Administración de la entidad. Esto por una serie de supuestas anomalías detectadas en la toma de decisiones de la institución.
En el documento que envían a la contralora Martha Acosta y que le copian al ministro Castro, aseguran además que en la CGR ya hay un proceso administrativo en contra de Castro y otros funcionarios y exfuncionarios públicos, el cual estaría en la entidad desde el pasado 26 de noviembre. Esa investigación sería por un aparente pago de tarifas adicionales a personal extra en contratos suscritos por el CONAVI con los organismos de inspección.
En este procedimiento también están incluidos la exministra del MOPT Karla González, el doctor Pedro Castro, un ingeniero de nombre Enrique Zeledón, Jorge Montero, José Rodolfo Naranjo y Guillermo Matamoros. Además el procedimiento incluye a los funcionarios del CONAVI Jeffrey Núñez, Alejandro Molina y Gabriela Trejos, actual directora ejecutiva.
“Dicho procedimiento administrativo lo fundamenta el ente contralor en un punto específico, sin embargo, es lógico que profundizarán en el funcionamiento de estos organismos de inspección. La Contraloría debe además investigar y testimoniar las piezas necesarias, si es cierto que dichas oficinas funcionaban en edificios físicos, con estructura administrativa y con el personal, cumpliendo con cabalidad todos los requisitos exigidos por el cartel, para justificar las sumas de hasta 30 millones de colones por mes que se les destinan”, dicta la carta que le envían a Pedro Castro, con fecha de recibido del 4 de marzo de este año.
En la documentación que envían a la Contralora -y que se compone de más de tres folios, con notas de prensa y documentos oficiales del CONAVI- los ingenieros denuncian una serie de anomalías cometidas dentro de la administración de la entidad y que estaban bajo la supervisión de Castro, entre las que se encuentran sobreprecios de más del 300% en el pago de arreglos viales, contratación de personal de manera anómala y asignación a funcionarios en puestos y funciones que no les corresponden, entre otros.
En el caso de los sobreprecios, en la documentación aportada por los ingenieros se evidencia que en arreglos de rutas se incluyen recarpeteos y señalamiento, entre otros trabajos, con aumentos en miles de millones de colones.
Entre algunos ejemplos están los arreglos a varias rutas de Guápiles, en donde los pagos pasaron de 473 millones a 5.800 millones de colones; otra ruta en Limón que pasó de 426 millones de colones a 1.847 millones, para un aumento de más del 300%. Otros arreglos en las rutas de San Ramón, en las zonas 1 y 6, pasaron de 449 millones de colones de inversión a 2055 millones de colones. Todos estos trabajos aún están en ejecución.
En cuanto a los nombramientos, los ingenieros señalan que existe un “peligroso descontrol en el departamento de recursos humanos” y que esto se evidencia en que hay varios ingenieros y directores de zona como responsables pero que no cumplen con los requisitos que solicita el Régimen del Servicio Civil.
“La administración ha puesto la conservación, mantenimiento rutinario, preventivo, rehabilitación, reconstrucción, mejoramientos y construcción de obra nueva en manos de profesionales sin experiencia, con la consecuencia de que dichas labores no se lleven a cabo como contractualemente se estipula”, explica el documento.
La denuncia también toca el tema de la creación de las unidades ejecutoras. De acuerdo con los especialistas, las unidades ejecutoras son las “estructuras paralelas que creó el señor Carlos Acosta, lo cual pudo conllevar a no cumplir con los controles y procedimientos de ley que actualmente se continuarían permitiendo”.
Dichas unidades deben crearse por medio de decreto de ley –según los denunciantes- y no por resolución administrativa, por lo que varias de éstas podrían estar al margen de la ley.
Los ingenieros mencionan algunas como: la unidad ejecutora de la ruta Cañas- Liberia, la unidad ejecutora de los puentes Cañas-Liberia, el Proyecto de la Ruta Nacional 1856, conocida como la Trocha Fronteriza y las unidades creadas para administrar los programas de inversión vial (PIV) 1 y 2, que son, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pedro Castro comparecerá este martes ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público que investiga las anomalías detectadas en la construcción de la Ruta 1856. Varios diputados adelantaron a crhoy.com que varios de los temas que le cuestionarán serán precisamente estos.
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